Estudio de bienestar y políticas de juventud en el Perú
El Estudio de bienestar y políticas de juventud en el Perú, dirigido por el Centro de Desarrollo de la OCDE, analiza el estado de la inclusión social y bienestar de los jóvenes peruanos utilizando datos de diversas fuentes secundarias (Encuestas de Hogares, Informes PISA, etc.). El enfoque del estudio incluye diversos elementos de las dimensiones de empleo, educación, salud y participación ciudadana.
En el Capítulo 1 se elabora una radiografía del bienestar de los jóvenes en el Perú, centrándose en dimensiones claves que, satisfacen y empoderan a los jóvenes para ser los autores de sus propias vidas y transitar exitosamente a la etapa adulta.
- Con respecto a la educación las conclusiones apuntan a una expansión en términos de acceso, la tasa neta de matrícula de educación secundaria (12 a 16 años) aumentó de 70% en 2004 a 82% en 2014. Sin embargo, existen aún dificultades en materia de baja calidad educativa y grandes brechas según el entorno en el que viven y el nivel de pobreza de los jóvenes.
- La oferta laboral ha aumentado en los últimos años. El porcentaje de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ronda el 15% (una de las tasas más bajas en la región), pero el verdadero desafío se encuentra en la alta informalidad, más del 80% de los jóvenes peruanos entre los 15 y los 29 años se ocupan en empleos informales.
- Los resultados que por otra parte reflejan el bienestar subjetivo de los jóvenes, sugieren que pocos adolescentes en el Perú están insatisfechos con su vida (16.4% de adolescentes entre 17 y 19 años). Son también pocos los que tienen sentimientos negativos, sólo 12.3% afirma sentirse frecuentemente infeliz, abatido y lloroso al mismo tiempo.
- La desconfianza de los jóvenes hacía sus instituciones se ha disparado en el Perú, entono al 80% de los jóvenes declararon desconfiar de instituciones como el Gobierno (provincial, regional y local), el Congreso, el Sistema Judicial o la Policía. Las razones principales para esta desconfianza, argumentarán los autores, son la falta de crecimiento económico o su impacto en los ingresos y la igualdad, la corrupción, la evasión de impuestos, el poco respeto por el Estado de derecho, etc.
En el Capítulo 2 se mapean las principales políticas dirigidas a la juventud y se analiza el panorama institucional y el órgano responsable de la juventud en el Perú, la Secretaría Nacional de Juventud (SENAJU). De donde se concluye la necesidad de apoyar el fortalecimiento institucional, gerencial y presupuestal del SENAJU y crear un mecanismo de coordinación intersectorial.
En el Capítulo 3 se analiza la calidad de la educación secundaria en el país, las diferencias entre ciertos grupos poblacionales y los factores que influyen en los resultados del sistema. Las principales conclusiones apuntan a que las políticas educativas en el país, tendieron a enfocarse exclusivamente en la universalización de la educación, sin considerar cómo mantener y aumentar la calidad de la oferta educativa. Al acercar este nivel educativo a lugares y a sectores de la población a los que nunca había llegado, se plantean demandas que no es posible satisfacer con solo implementar mayor infraestructura, material, personal docente o cambios puntuales en el currículo escolar. Más bien, estas “nuevas” necesidades están íntimamente ligadas con la diversificación del alumnado.
Finalmente en el Capítulo 4 se estudia la participación juvenil en las políticas públicas a nivel nacional y regional. En este sentido, el panorama de la participación juvenil en el proceso de formulación de políticas públicas a nivel nacional es bastante pobre, concluyen los autores. Ello se debe tanto a la falta de espacios participativos, como a la falta de integración de los jóvenes en el ciclo de políticas públicas.
Las instituciones de juventud vienen desarrollando mayormente una labor informativa, sin que ello se traduzca en verdaderas oportunidades para que los jóvenes influyan en las decisiones que les conciernen. Por otro lado, participar en el proceso de formulación de políticas públicas exige ciertas competencias que no se imparten en la escuela porque no se consideran prioritarias. Todo esto, exponen los autores del informe, refuerza la opinión negativa de los jóvenes sobre la política y el Estado y sus instituciones; consideran al Estado no como agente de beneficio sino más bien como “adultocéntrico” en todas sus formas, sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes urbano marginales. De ahí que los jóvenes prefieran espacios participativos lejos de la política partidaria y prioricen el voluntariado.
