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La crisis laboral del COVID-19 sitúa a los jóvenes en situación de alto riesgo
Las personas jóvenes que constituyen el colectivo menos vulnerable al coronavirus desde el punto de vista sanitario son a la vez, las más expuestas a los daños que la epidemia puede ocasionar en el mercado laboral español.
Así lo afirma una estimación elaborada por la Universidad Complutense de Madrid donde se indica que la destrucción de empleo se va a concentrar, como en la última crisis, en los asalariados con contratos temporales y en los sectores de empleo más precarizados. Una situación que afecta especialmente a la población más joven, según los datos del último barómetro de emancipación juvenil, las personas entre 16 y 29 años siguen distinguiéndose por su mayor temporalidad (55,3%), tasa de paro (24,8%), subempleo (15,8%) y realización de jornadas a tiempo parcial.
Hay que tener en cuenta que antes del estallido de la crisis del COVID 19, las personas más jóvenes ya se caracterizaban por tener una tasa de exclusión muy superior al del resto de grupos de edad. Según los datos del VIII Informe FOESSA el 23% de los jóvenes españoles entre los 18 y 29 años estaban en riesgo de exclusión, el 11% de ellos en exclusión severa. Además, y según los datos del mismo informe, las transferencias sociales tienen un impacto en la reducción de la pobreza mucho más reducido en la población joven (21% en menores de 30 años), frente al 31% de 30 a 44 años y el 85% de la población mayor de 65 años.
En el caso de España, la situación de vulnerabilidad que muy seguramente va a afectar a gran parte del colectivo juvenil puede ser amortiguada por la presencia de un estado de bienestar “relativamente” fuerte. Al igual que la red de seguridad que aportan las familias, como ya ocurrió en la crisis de 2008. No es el caso de gran parte de los países de América Latina y Caribe, con sistemas de protección social mucho más fragmentados y desiguales.
La CEPAL estima que la crisis del coronavirus ocasionará una contracción del 1,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, lo que podría llevar a que el desempleo suba en diez puntos porcentuales y a que haya 35 millones más de pobres.
Tal y como apunta el director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro: “cuando hay una crisis los jóvenes están entre los primeros en perder sus empleos, principalmente los que están en la economía informal. Y es que la tasa de informalidad para los jóvenes de la región se sitúa en el 62,4%, 10 puntos porcentuales mayor que la de los adultos.
No hace falta esperar a las consecuencias económicas que puede tener la crisis del COVID-19 para el futuro de estos jóvenes. Para muchos de ellos, cumplir las medidas de cuarentena que ya se están aplicando en países como Perú, Argentina o Colombia, implica la perdida inmediata de los recursos esenciales para el sostenimiento de sus hogares. Sean o no los cabezas de familia.
En este sentido, además de aplicar las medidas de confinamiento que la OMS recomienda para frenar la pandemia, los países de la región deberán hacer una provisión de trasferencias financieras a los hogares durante al menos seis meses. Tal y como apunta Alicia Bárcena (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL), los países tienen que ver cómo le hacen llegar a los hogares un ingreso mínimo ciudadano. Es la única manera de hacer sostenibles los aislamientos preventivos: reduciendo al máximo el porcentaje de personas que necesitarán abandonar sus viviendas para buscarse la vida. Son medidas que ya están adoptando países como Perú o Argentina, quien ya ha anunciado un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad. Este ingreso será en abril, por 10.000 pesos (150 dólares) por única vez, pero podría repetirse en mayo.
En un contexto de retracción de la economía mundial causada por la pandemia COVID 19 es fundamental promover medidas de estímulo económico centradas en los jóvenes, apunta Vinícius Pinheiro. Las medidas del lado de la oferta (capacitación y formación) son importantes, pero no suficientes, a menos que vayan acompañadas de medidas igualmente firmes para impulsar la demanda de mano de obra juvenil.
Es importante señalar con respecto a esto último, que la políticas que se adopten con respecto al empleo juvenil deben hacer especial incidencia en la calidad del mismo. Pues la experiencia de otras crisis han evidenciado que la mala calidad del empleo, junto con los problemas de mantenimiento de la vivienda, son las causas de exclusión más frecuentes para la población joven.